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Continúa la oleada de denuncias contra el Banco Popular, tantas que el juez Andreu ha decidido dividir el caso en dos piezas separadas, una que estudie la ampliación de capital del banco y otra que se centre en una posible manipulación del mercado antes de su caída en bolsa.

Y es que cada vez se aportan más pruebas que apuntan a que pudo existir una intencionada manipulación en las noticias que aparecieron en los medios de comunicación referentes al mal estado del Banco Popular y que causaron una caída en los precios de sus acciones, perjudicando gravemente a todos los accionistas.

Esto se une a lo ya denunciado anteriormente de que no se dio a los clientes una información veraz en la última ampliación de capital del Banco Popular, por lo que compraron sus acciones pensando que el estado del banco era muy diferente al que realmente era.

Peritos economistas, claves en el caso Banco Popular

El papel de los peritos economistas es clave en este caso. Por eso, las denuncias que se admiten a trámite tienen que estar perfectamente documentadas. Los encargados de realizar los informes periciales que demuestren que la información que se les dio a los accionistas no era la correcta serán los peritos economistas.

También serán los peritos economistas los que realicen los informes destinados a probar que ha habido manipulación en las informaciones que se han dado en los medios de comunicación y que estas informaciones estaban destinadas a lograr una bajada en el precio de las acciones.

Pero además de estos peritos de parte existen también los peritos judiciales. Estos son expertos independientes que son nombrados por el juez para que le asesoren de manera totalmente imparcial.

En este caso, el juez ha solicitado la designación de dos peritos por parte del Banco de España para que realicen un informe en el que se determine si la información contable del Banco Popular estaba manipulada o había sufrido algún tipo de alteración.

También ha solicitado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores designe a otros dos peritos economistas para que sean los encargados de realizar otro informe independiente sobre la existencia o no de una campaña orientada a dañar el valor de las acciones del banco. En caso de que se demuestre que ha sido así, el juez quiere que estos expertos estimen el valor que habrían tenido dichas acciones en caso de no haber sufrido esta campaña.

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