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Hace tan solo veinte días muchos españoles desayunaban con la noticia de que el Tribunal Supremo había modificado su doctrina anterior y ahora afirmaba que eran los bancos quienes tenían que pagar el impuesto de actos jurídicos.

Basaban este cambio en la doctrina en el hecho de que el banco, según afirmaban, es el verdadero beneficiado de que la hipoteca quede legalmente registrada y, por tanto debería de hacerse cargo de este pago. Además, con esta sentencia se barajaba la posibilidad de que pudieran reclamar este impuesto todos los clientes que lo hubieran abonado durante los últimos cuatro años, al abrirse la posibilidad de que tuviera un carácter retroactivo.

Pero la alegría de muchos clientes bancarios fue breve, ya que tras la inmediata caída en bolsa de los bancos el presidente del Tribunal Supremo acordaba reunir al tribunal para tomar una decisión definitiva, dejando todo en el aire.

Durante estos veinte días las especulaciones han sido muchas: que tal vez se aprobaría que fuera el banco el que pagara este impuesto pero no con carácter retroactivo, que este cambio en la jurisprudencia elevaría el precio de las hipotecas (de hecho algún banco las subió en previsión de tener que abonar este impuesto) y, en definitiva, un mercado de hipotecas que se paralizó a la espera de que el tribunal volviera a reunirse.

Una votación muy ajustada

Los resultados de la votación han sido muy ajustados, 15 miembros del tribunal han defendido que no existían motivos para el cambio de jurisprudencia mientras que los otros 13 han votado a favor de la teoría de que el banco, como principal beneficiado, debería de pagar el impuesto.

Dos días de deliberaciones que han dañado gravemente la imagen del Tribunal Supremo y que han hecho que muchos clientes de hipotecas se sientan engañados, achacando este cambio de última hora a las presiones de las entidades bancarias. Por su parte, los bancos no han dejado de avisar de que si se veían en la obligación de afrontar el pago de este impuesto con carácter retroactivo su estabilidad financiera podría quedar gravemente dañada.

Las reacciones no se han hecho de esperar y mientras que desde el gobierno la primera en hablar ha sido la ministra de Trabajo para decir que hay que respetar las decisiones judiciales, desde las asociaciones de consumidores las críticas están siendo muy duras.

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