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Nada menos que tres millones ciento doce mil quinientos euros (3.112.500 euros) más los correspondientes intereses es la nada desdeñable cantidad que un juez ha fijado como indemnización a pagar por el Banco Santander a un inversor del Banco Popular.

Y dada la cantidad de la que estamos hablando es fácil deducir que se trata de un inversor profesional, algo que ha marcado una diferencia. En casos de este tipo, es bastante normal que el juez tenga en cuenta los conocimientos financieros del cliente para poder valorar si eran o no conocedores del riesgo que corrían al llevar a cabo la inversión.

Los datos falsos del Banco Popular

Sin embargo, en este caso eso no ha sido un aspecto que, según ha entendido el juez, pueda ser utilizado en contra del inversor. El motivo es que el Banco Popular siempre presentó cuentas que hacían pensar que la entidad era totalmente confiable y rentable. El inversor no tenía motivos para dudar de la buena fe de la entidad a la hora de cumplir con sus obligaciones legales y ofrecerle información confiable, lo cual no hizo.

Por tanto, la sentencia afirma que los conocimientos que el inversor pudiera tener sobre finanzas no podían ayudarle a prever lo que iba a suceder desde el momento en que no contaba con la información real de la situación. Se le habían ocultado las graves dificultadas que atravesaba la entidad bancaria y no había modo de que esta persona pudiera contar con información adicional respecto a cómo estaban realmente las finanzas del Banco Popular.

Aunque la sentencia ha sido apelada, no deja de ser importante y significativa y abre nuevas puertas para que no solo pequeños inversores puedan reclamar sus pérdidas y conseguir que el Banco Santander, actual responsable, les devuelva su dinero.

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